En abril de 1990 las autoridades Alemanas iniciaron la investigación de la
firma SWE en la que se encontraba envuelto el cónsul honorario de Paraguay en Dusseldorf, Heinrich F. Kreyenberg. La prensa alemana calificaba entonces a la
SWE como "una oveja negra en el ámbito de las empresas eliminadoras de desechos" y que sus actividades eran, "para decirlo con precaución, pocos transparentes". Ya en setiembre de 1989 la SWE había solicitado a la
municipalidad de la ciudad de Voerts el permiso para instalar una planta de procesamiento de sedimentos fluviales en las riveras del canal Wessel - Dattelm.
Según el periodista Harald Ries, la municipalidad pidió intervención a las autoridades del distrito para aclarar si el permiso debía ser concedido, en base a
las leyes de la constitución (Al tratarse de materias industriales) o las leyes sobre desechos. Según el mismo cronista "funcionarios distritales descubrieron en el
puerto industrial KHD del citado canal, el buque motor Borkun", totalmente cargado con desechos tóxicos. Muestras del cargamento se analizaron en el
laboratorio de la policía criminal de protección fluvial Dvisburg, y se descubrió que eran sedimentos de piletas de purificación provenientes de Emmerich,
consistentes en una mezcla de pintura, solventes y aserrín. El movimiento de materiales contaminantes fue bloqueado por las autoridades fluviales distritales a
mediados de febrero de 1990, y la SWE interpuso inmediatamente una apelación ante el Tribunal de Cuentas de Dusseldorf. Surgió entonces la sospecha de que el
cargamento del "Borkun" iba a ser exportado rumbo al Paraguay.
La firma de Kreyenberg además mantenía estrechas vinculaciones comerciales
con la fabrica de ladrillos Stepken en Wessel- Buderich, y la investigaciones apuntaban hacia la conclusión que la empresa del Cónsul Honorario habían
planeado realizar exportaciones ilegales o incineraciones carentes de sistemas de seguridad.
El Ing. Heinrich F. Kreyenberg, y su esposa Margarita Wolf de Kreyenberg, quien
se desempeñaba como segunda secretaria de la Embajada Paraguaya en Bonn, fueron destituidos de sus cargos el día 6 de abril de 1990 por decretos N° 5390, y 5391, firmados por el Presidente del Paraguay Andrés Rodríguez.
En su informe especial sobre ecotoxicología, el experto de Greenpeace Andreas Bernstorff certificaba que "pese a los progresos en el control del comercio
internacional con desechos peligrosos, prosiguen las tentativas de exportar residuos tóxicos a los países del tercer mundo".
La estrategia ahora consistía en construir instalaciones de incineración de
basuras especiales en los países en vías de desarrollo. Ultimamente se declaran primordialmente como proyectos de reciclado, generación de energía o transferencia de tecnología.
Se pretendía instalar en los países pobres hornos de incineración para basuras domiciliarias y desechos tóxicos, con el propósito de evadir las disposiciones que
rigen las emisiones y desechos en estados industrializados, con grandes y poderosos movimientos en pro de la protección ambiental.
Bernstorff calificó a este tráfico irregular como un "colonialismo de la basura" que
"impide que los generadores de los desechos se preocupen seriamente sobre la reutilización o el desarrollo de tecnología de sanitación".
El experto presentaba una lista de 35 proyectos de comercio international de desechos, de los cuales 22 concernían a países en vías de desarrollo.
Mencionaba que en uno de los casos, residuos de Zinc procedente de Holanda, Dinamarca e Italia fueron enviados para su reciclaje en Brasil, mezclados con
otros desechos químicos. También mencionaba que la oferta de un negociante de residuos, combustibles alternativos compuestos de desechos esmaltes, aceite
usado y aserrín producidos en firmas como Mercedes Benz, Bosch, Siemen y en la industria del cemento de Kenia, habían sido rechazadas por una empresa Alemana.